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Detenidos en caso Pandora alteraban armas y las vendían a policías, militares y civiles, según MP
Los oficiales de mayor rango trataron de imputar a miembros de la red de menor jerarquía
A los oficiales de la Policía Nacional señalados en Operación Pandora se les atribuye alterar armas de fogueo, que no están preparadas para disparar, sino que son de simulación, a las que “se les cambiaba el cañón” para poder funcionar como armas de fuego normales, las cuales “luego vendían a civiles”.
Según la solicitud de medida de coerción, a la cual Diario Libre tuvo acceso, los encartados, entre los que se encuentran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones de la institución llamada a establecer el orden, “desarrollaron un mercado propio del crimen organizado” que incluía a “civiles con antecedentes delictivos”.
Se vendían a policías, militares y armerías
El Ministerio Público dice en la solicitud de medida de coerción que las municiones de distintos calibres, incluyendo para fusiles, los
policías y civiles que integraban el grupo, las revendían “a precios más altos a policías, militares y armerías destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios”.
“Desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedes delictivos, quienes adquirieron las municiones sustraídas con pleno conocimiento de su origen ilícito para revenderlas a precios más altos a policías, militares y armerías destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios”
Trataron de inculpar a subalternos
La imputación refiere que los oficiales de mayor rango de la red trataron de inculpar a miembros de menor jerarquía dentro de la organización, a los que amenazaron e intimidaron.
Los acusados
Los arrestados por sustraer más de 900 mil municiones de distintos calibres de manera “dolosa” , del Departamento II de la Intendencia de Armas, son, además del coronel Feliz Romero, el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones.
